Urge al gobierno de Carlos Joaquín,desaparecer evidencia de corrupción al trasladar la Oficialía Mayor a la SEFIPLAN

Chetumal. – El historial de corrupción que se acumuló en contra del ex oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, pretende ser borrado, al formalizar el traslado de la oficialía mayor del gobierno del estado hacia la secretaria de finanzas y planeación, a través de la iniciativa para reforma la ley orgánica del ejecutivo, presentada “estratégicamente por el mandatario estatal, al finalizar el anterior periodo ordinario de sesiones.

Roberto Erales Jiménez, diputado local del PT, denunció públicamente la urgencia que se les ha manifestado para aprobar este tema, sin descartarse que diputados afines al gobierno del estado le den tramite favorable en un próximo periodo ordinario de sesion

El diputado local, cuestionó la intención fast track para aprobarlo, sin permitirles un análisis mas riguroso, sobre todo cuando a primera vista se nota que habrá afectaciones, pues además de encubrir la corrupción denunciada, se vislumbra despido de personas que por años han servido al estado desde la oficialía.

Además, con ello se está otorgando facultades a lo que si bien parece una súper secretaria en la figura de la Sefiplan, es una dependencia que no cumple con su obligación de ministrar los recursos en tiempo y forma, adeuda pagos a los trabajadores y no se muestra como una planeadora eficaz, al observarse las acciones que se han realizado en la presente administración y las forma ambigua con la que se pretende justificar el ultimo empréstito aprobado por la legislatura local.

El legislador chetumaleño, lamentó la muy posible continuidad de acciones de corrupción en la asignación de contratos, al denunciarse públicamente este martes, la entrega de al menos cinco contratos por poco mas de 24 millones de pesos a la empresa RUECSA S.A., constituida de forma dudosa apenas el 2017 en Yucatán, y que sospechosamente fue desaparecida en diciembre pasado, sin ser motivo de alguna investigación de parte de la secretaria de la contraloría, dependiente del gobierno estatal.