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Escudar la incompetencia profesional y los intereses personales en el hecho de ser mujer, un insulto para la inteligencia

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Bacalar.- La polémica generada ante la decisión del Ayuntamiento de Bacalar al revocar el carácter de apoderada legal a Juana Vanessa Piña Gutiérrez, síndico del municipio con el mismo nombre, polariza un acto de autoridad por el hecho de ser mujer una de las protagonistas centrales.

Si bien, a nivel global, el reconocimiento de la mujer, como igual del varón, es el denominador común en las sociedades, éste no implica una carta libre para que al género femenino, no reciba críticas o señalamientos con respecto a su desempeño en el ámbito profesional.

En el caso de Bacalar, el pleno del Ayuntamiento, el máximo órgano que mandata la Constitución para gobernar el municipio, determinó revocar el carácter de apoderada legal, que no la sindicatura, a Vanessa Piña Gutiérrez.

Tal decisión responde a que, durante meses no cumplió y/o omitió sus funciones. Sólo baste recordar que se pueden cometer violaciones por comisión u omisión.

Contrario a lo que ha intentado hacer creer, Vanessa Piña, nunca dejó de ser Síndico Municipal; la revocación se propuso y aprobó porque se negó a firmar requerimientos de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), solicitados sobre cuenta pública del 2021 y 2022.

Tampoco quiso firmar un expediente para que la Dirección Jurídica enfrentara dos juicios laborales, así como documentación de respuesta a diversas observaciones realizadas por auditorías externas; todo con posible daño a la hacienda municipal.

En estrictos términos jurídicos, la revocación es totalmente legal, y los miembros del Ayuntamiento están facultados para tomarla. No se destituyó, revocó o suspendió, a la Síndico Municipal, sino, al carácter de apoderada legal. Ella, sigue en nómina y cobrando.

Asegurar, señalar y acusar que esta decisión colegiada, tomada por los miembros del Ayunamiento Bacalar, configura como Violencia Política en Razón de Género, no sólo es lamentable, es risible.

Por encima del interés particular, los ayuntamientos y entes de gobierno, sobre todo los electos por el pueblo, deben privilegiar y salvaguardar el interés general, para ello son elegidos.

Enmarcar un acto de autoridad como VPG sólo por el hecho de ser mujer, intentado ocultar que si bien, se trata de una mujer, ostenta un cargo público, con obligaciones y responsabilidades que asumió al rendir protesta, mismos que ha olvidado, imcumplido y omitido, eso es algo verdaderamente risible.

La ley es clara y de observancia general, y aquellos que, por decisión propia, personal, decidieron buscar y hoy ostentan posiciones públicas, con mayor razón deben ser sometidos al escrutinio y ojo público, así como asumir las consecuencias de sus acciones u omisiones.

Escudar la incompetencia profesional o los intereses personales y particulares detrás de un cargo sólo por el hecho de ser mujer, es un insulto para la inteligencia.

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